Bienvenido al portal Legegunea

1. ¿ Objeto.

   El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las condiciones mínimas en que se desarrollará el proceso de modernización de la oficina judicial en la Comunidad Autónoma de Euskadi, tanto en sus aspectos organizativos como de gestión de personal.

   Asimismo, pretende facilitar el normal desenvolvimiento de las relaciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia del País Vasco.

2. ¿ Ámbito territorial.

   El presente Acuerdo será de aplicación en toda la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3. ¿ Ámbito personal.

   Este acuerdo será de aplicación al personal funcionario integrante de los Cuerpos de Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes al servicio de la Administración de Justicia, así como al personal funcionario interino en los términos dispuestos en el mismo.

   En el caso del Cuerpo de Médicos Forenses, será, asimismo, de aplicación lo establecido en el Decreto 328/1998, de 1 de diciembre de creación del Instituto Vasco de Medicina Legal, y en la Relación de Puestos de trabajo aprobada por el mismo.

4. ¿ Ámbito temporal, vigencia y duración.

   El presente Acuerdo tendrá vigencia desde 1 de enero de 2000 y estará vigente hasta el día 31 de diciembre de 2001, salvo que sea sustituido por otro de acuerdo de igual o análoga significación, excepto en aquellas previsiones en que expresamente se contemple otro plazo distinto.

   El mismo se entenderá prorrogado expresa y temporalmente hasta la entrada en vigor de uno nuevo que lo sustituya.

   El cambio en la naturaleza jurídica o estructura de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, o un cambio normativo sustancial en la regulación de su estatuto jurídico, o una decisión judicial que afecte a dicho Estatuto Jurídico y sus características, conllevará la revisión del presente Acuerdo.

   Asimismo, transcurridos 12 meses desde la suscripción del presente Acuerdo, sin que se hubiera producido, o estuviera próxima a producirse esa modificación del Estatuto Jurídico de dichos cuerpos, ambas partes se comprometen a iniciar un proceso de valoración de los actuales puestos reglamentarios con efectos del día 1 de enero del año 2002.

5. ¿ Carácter.

   El Acuerdo tiene un carácter mínimo necesario e indivisible a todos los efectos en el sentido de que las condiciones pactadas en el mismo constituyen un todo orgánico unitario, y a efectos de su aplicación práctica serán consideradas global y conjuntamente vinculadas a la totalidad, por lo que no podrán ser renegociadas separadamente de su contexto, ni pretenderse la aplicación de parte de su articulado desechando el resto, sino que siempre habrá de ser aplicado y observado en su integridad, con el fin de las omisiones, lagunas, ambigüedades, que pueda contener este Acuerdo, no lleguen a perturbar el recto sentido de lo pactado.

6. ¿ Aplicación.

   Las partes signatarias se comprometen a la aplicación directa del Acuerdo. Las presentes disposiciones se aplicarán con preferencia a cualquier otras, y en todo lo no previsto será de aplicación supletoria la correspondiente normativa vigente.

1. ¿ El objetivo a conseguir a través de todos los medios al servicio de la Administración de Justicia es, dar cumplimiento a los principios de servicio efectivo a los ciudadanos, reconocido legalmente, por lo que la actuación de la Administración de Justicia debe asegurar a los ciudadanos:

   La efectividad de sus derechos cuando se relacione con la Administración de Justicia, incluidos los lingüísticos.

   La continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas de acuerdo, entre otras, con las políticas fijadas por el gobierno de la Comunidad autónoma del País Vasco, y teniendo en cuenta los recursos disponibles.

   Recibir información de interés general por medios telefónicos, informáticos y telemáticos, y la ayuda en la redacción formal de documentos administrativos simples.

   Presentar reclamaciones y sugerencias, sin el carácter de recursos administrativos, sobre el funcionamiento de las dependencias administrativas.

   Fórmulas de información que permita el conocimiento y acercamiento de los ciudadanos a la Administración de Justicia.

   Para la consecución del objetivo anteriormente descrito se han de precisar una serie de requisitos, unos de orden interno como son, entre otros:

   Fortalecimiento de los Servicios Comunes.

   Progresiva euskaldunización.

   Adecuado uso de las herramientas informáticas.

   Desarrollo de protocolos de funcionamiento.

   Actitudes positivas por parte del personal a quien afecta el presente Acuerdo, orientadas a hacer efectivos los derechos de los ciudadanos.

   Participación de los funcionarios en propuestas de mejora y petición de información a los órganos gestores del Departamento.

   Optimización de los recursos materiales para el mejor servicio.

   Otros requisitos resultan ser de orden externo, entre los que conviene señalar:

   Unos adecuados mecanismos de información y atención al público.

   Una formación adecuada de los empleados judiciales.

   Garantizar la cooficialidad lingüística.

   La existencia de unas estructuras judiciales modernas.

   En definitiva, esa prestación del servicio de forma ágil, eficaz y normalizada en las formas.

2. ¿ Ha sido una constante preocupación de la Administración Autónoma Vasca y de las Organizaciones Sindicales, la profesionalización del personal afectado por el presente Acuerdo, como el medio adecuado para la consecución de una continua mejora de la calidad del servicio público de la justicia, y aplicación de los principios de eficacia (cumplimiento de los objetivos fijados) y eficiencia (optimización de los recursos públicos).Consecuencia de dicha preocupación es, el establecimiento en el presente acuerdo, del correspondiente capítulo dedicado a la formación, así como la oportuna carta de servicios que se incorpora como anexo, que integra las formas adecuadas de relación con el ciudadano usuario de la Justicia.

La organización administrativa de la oficina judicial constituye un elemento instrumental y contingente al servicio de los fines esenciales de eficacia e interés público. Su diseño ha de responder a las necesidades de la sociedad moderna a la que está llamada a servir, lo que requiere, bien que cada órgano esté dotado de una oficina judicial adecuada a sus verdaderas necesidades, bien por una misma oficina que de servicio a varios órganos judiciales, o bien por varias oficinas judiciales.

El nuevo modelo exige profundizar en la implantación de servicios comunes de forma generalizada, alcanzando progresivamente todas las funciones cuya acumulación en unos funcionarios bajo una sola dirección, proporciona mejoras de calidad y posibilita el empleo de medios especializados.

Debe tenderse hacia Juzgados con una secretaría mínimamente dotada en cuanto a personal, fundamentalmente de apoyo a la función jurisdiccional, y apoyarse para el máximo de funciones en los servicios comunes, o estructuras que los sustituyan.

Como criterios organizativos se adoptarán los de:

ESTANDARIZACION

REPETICION Y REITERACION DE TAREAS

ESPECIALIZACION DE TAREAS

Por otro lado, toda oficina judicial será abordada en cuatro dimensiones:

1. ¿ PROCEDIMIENTO: cuyo objetivo será tramitar los procedimientos judiciales asignados a la competencia del órgano, dentro de los plazos previstos legalmente, y respetando las competencias funcionales estatutariamente establecidas para cada cuerpo, estableciéndose el correspondiente anexo a este Acuerdo fijando las monografías de los puestos, que respetando dichas competencias, aporte claridad mediante un mayor detalle de las mismas.

2. ¿ INFORMACION: cuyo objetivo será una información veraz, trasparente, instantánea y con ánimo de servicio.

3. ¿ INFORMATICA: cuyo objetivo será la concordancia total entre la situación física e informática de los procedimientos judiciales, así como la introducción de todos aquellos datos necesarios para una adecuada confección de alardes, estadísticas, inspecciones, informes y estudios.

4. ¿ ORGANIZACIÓN Y GESTION: cuyo objetivo será, respetando las competencias del Secretario Judicial como director de la oficina judicial, instrumentalizar mecanismos que apoyen al Secretario Judicial en dicha función, dada la complejidad que presentan la aplicación eficaz de las cuatro dimensiones mencionadas.

   En este sentido, ambas partes se comprometen a interesar de las Instancias competentes las oportunas reformas, y, en lo que sea responsabilidad de ellas, impulsarlas.

La Administración y los Sindicatos, entienden que los servicios y oficinas comunes permiten la aplicación de los sistemas de trabajo bajo criterios de estandarización, repetición, reiteración y especialización de tareas, al propio tiempo que permite abordar los mismos, bajo las cuatro dimensiones citadas en el punto anterior, comprometiéndose ambas partes a continuar con la implantación desarrollo y mejora de los mismos, como medio a través del cual avanzar en una nueva organización del trabajo.

Los servicios comunes dan servicio a todos o parte de las salas u órganos judiciales de una capital, partido judicial o ámbito del Tribunal Superior de Justicia, en dependencia de la cobertura geográfica que se fije en cada caso.

La implantación de los nuevos servicios comunes, o el perfeccionamiento y desarrollo de los ya existentes, exige una planificación articulada en las siguientes fases:

Un estudio en profundidad de las potencialidades del servicio.

Un estudio sobre la realidad sobre la que ha de aplicarse, con recogida de los datos necesarios.

Un diseño del mismo: mediante el análisis de la información recogida, de las necesidades de personal, su dotación y el calendario de implantación.

Establecimiento del mismo y provisión de los puestos de trabajo.

Un estudio de los módulos de trabajo adecuados a cada una de estas estructuras.

Estos servicios pueden constituirse en servicios comunes como estructura propia, con su correspondiente dependencia del órgano que se determine: Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Provincial, Juzgado Decano, Decanato u organismo correspondiente; o puede integrarse como unidades especiales dentro de las propias estructuras gubernativas judiciales anteriormente citadas. Una u otra opción viene determinada por el volumen de trabajo y por la propia naturaleza del servicio a implantar.

Instrumento definitorio de estos servicios comunes, o de los propios órganos gubernativos, son las plantillas, y el establecimiento de las condiciones técnicas y requisitos esenciales de los puestos que las integran, bien entendido que la plantilla se articula como medio dinámico que permite, de forma flexible y periódica, ensamblar dicha organización en varios tiempos.

La estructuración de cada servicio común, plantilla del mismo, etc., se llevará a cabo mediante la negociación entre las partes, sin perjuicio de las facultades organizativas que correspondan a la Administración, y durante el periodo de vigencia del Acuerdo, ambas partes se comprometen a crear un número importante de ellos.

Es un hecho constado que la informática judicial en la comunidad autónoma del País Vasco ha alcanzado un alto grado de desarrollo y ha supuesto un valiosísimo instrumento para la mejora de la gestión y organización de la Oficina Judicial, e indudablemente, para la mejora sustancial de la Administración de Justicia en general.

Resulta imprescindible, por otra parte, la realización de los correspondientes protocolos de funcionamiento por jurisdicciones, tendentes a unificar y estandarizar criterios de actuación y funcionamiento de los distintos órganos judiciales de una misma jurisdicción.

Asimismo, la obligada mejora continua a que debe estar sometida la Administración en general, y en nuestro caso concreto, la Administración de Justicia, para dar cumplimiento al principio de servicio efectivo al ciudadano, ha de llevar al establecimiento de mecanismos que canalicen adecuadamente las ideas y esfuerzos de todo el colectivo, y sirvan al propio tiempo para hacer realidad, la efectiva y activa participación de todas las personas que integran la Administración de Justicia del País Vasco.

1. ¿ Para obtener el efectivo cumplimiento de la oficialidad del euskera reconocida en la Constitución, Estatuto de Autonomía y Ley Básica de Normalización del Euskera, y del derecho de los ciudadanos a usarla en sus relaciones con la administración de justicia en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, es compromiso de ambas partes signatarias impulsar el proceso de normalización en dicho ámbito, y, por tanto, la euskaldunización del personal al servicio de la Administración de Justicia.

2. ¿ A fin de avanzar en la obligada planificación de dicho proceso, se han debatido con las organizaciones sindicales las líneas básicas de lo que habrá de constituir un futuro Plan de Normalización lingüística para este sector, por lo que en esta materia será de aplicación el Decreto del Gobierno Vasco regulador de ese proceso, que tendrá como finalidad regular el plan de actuación dirigida a que el personal al servicio de la administración de justicia adquieran la capacitación lingüística en euskera, adecuada al desarrollo de sus funciones con pleno desenvolvimiento de los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Justicia.

   Aún pendiente la estructuración de dicho Plan de Normalización, ambas partes Acuerdan como elementos básicos que habrían de incorporarse al Plan:

   El Plan de Normalización en la Administración de Justicia ha de contemplar el perfil lingüístico de todos los puestos de cada órgano judicial, secretaría o servicio.

   Dicho Plan habrá de ser negociado con la representación sindical de los funcionarios de justicia.

   Ha de contemplar el horizonte temporal de aplicación, entendiéndose como más conveniente el de 10 años, que habrá de dividirse en varias fases para evaluación del cumplimiento de objetivos, y reacomodación de los mismos.

   La determinación de índices de obligado cumplimiento al final del Plan, que estarán función del nivel sociolingüistico de cada partido judicial.

   Los métodos de evaluación y seguimiento del Plan, con la implantación de las medidas de reimpulso que sean necesarias.

   Determinación de los campos de actuación preferente: Oficinas de Información al Público, Registros Civiles, Juzgados de Paz, Servicios de Notificaciones y Embargos, y Juzgados y Servicios en los que el índice de euskaldunización sea superior al 50%.

   Estudio de la realidad actual del nivel de euskaldunización por parte del personal al servicio de la Administración de Justicia, y el análisis relacionado con las áreas de más urgente atención.

   Propuesta anual de actuaciones de normalización con detalle de los puestos afectados.

   En el proceso inicial, se determinarán los puestos detrabajo que con carácter inmediato han de ser cubiertos por personal en posesión de un determinado perfil lingüístico, contando con la colaboración del personal ya euskaldunizado o en fase de euskaldunización.

3. ¿ Para que el proceso de normalización del euskera en la Administración de Justicia se afiance sólidamente, se entiende necesario por ambas partes:

   La participación conjunta en la planificación y fomento del uso del euskera en la Administración de Justicia.

   La potenciación del euskera en las relaciones con el ciudadano, a través de las experiencias piloto de fomento del uso del euskera, a fin de garantizar el aspecto relacional con el ciudadano en las dos lenguas oficiales, y dinamizar la real implantación del euskera, para lo cual constituyen elementos esenciales la utilización de los modelos informáticos existentes, la implantación de los correspondientes a todas las jurisdicciones, y el apoyo de glosarios y materiales especializados. Asimismo, es imprescindible contar con el apoyo de dinamizadores lingüísticos en los órganos judiciales, quienes, en colaboración con el personal del órgano y los traductores, puedan impulsar esas experiencias de uso.

   Implementar medidas de favorecimiento del aprendizaje del euskera, mediante el incremento de los presupuestos destinados a la euskaldunización, impulso de los barnetegis, y medidas especiales para facilitar el aprendizaje en aquellas personas que se califiquen como de atención preferente en el Plan de Normalización.

   Coordinar los esfuerzos en esta materia entre todos los sectores de la Administración de Justicia y con los colectivos directa o indirectamente relacionados con ella.

1. ¿ En desarrollo de la legislación vigente, se dictó la Instrucción de 8 de septiembre de 1997, del Director de Ordenación de Recursos Humanos, sobre el sistema de control de cumplimiento de la jornada y horarios establecidos en el ámbito de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Instrucción H.1/97).Dicha Instrucción contiene las normas precisas para la utilización de los medios mecanizados de control y para la justificación de incidencias, así como el sistema de control en aquellas sedes judiciales donde no se hayan instalado dichos medios mecanizado.

2. ¿ Además de los controles ordinarios de cumplimiento del horario, el Departamento de Justicia podrá realizar controles puntuales de presencia a través de los medios que considere oportunos, estableciendo la configuración de un régimen de visitas a los órganos judiciales radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco dirigido, precisamente a lograr un efectivo cumplimiento de la jornada y horarios establecidos en este concreto ámbito.

3. ¿ El incumplimiento injustificado del horario, así como el fraude de la obligación de fichar y/o utilización de la tarjeta magnética por parte del funcionario dará lugar a la aplicación de lo recogido en la normativa correspondiente así como en el presente acuerdo y demás responsabilidades a que hubiere lugar.

La Administración deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa vigente sobre prevención de riesgos profesionales, así como las establecidas en el presente Acuerdo.

1. ¿ Consulta y Participación.

   La Administración constituirá en el plazo de tres de meses un Servicio de Prevención. Asimismo determinará previa consulta con las Organizaciones Sindicales el tipo de servicio de prevención que deba constituirse o concertarse en cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales.

   Corresponde a los miembros de las Juntas de Personal y Delegados sindicales el ejercicio de la función de participación en materia preventiva, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Comité de Seguridad y Salud.

2. ¿ Delegados de Prevención.

   Podrán ser delegados de prevención aquellos trabajadores que, aun no ostentando la condición de representantes de personal o delegados sindicales, fuesen designados por las Organizaciones Sindicales con representación, de conformidad con el número establecido en la legislación aplicable.

   El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de funciones en materia de prevención de riesgos laborales será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la legislación aplicable y en el Acuerdo Marco de derechos Sindicales. No obstante será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo sin imputación al citado crédito horario el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por la Administración en materia de prevención de riesgos.

   La Administración proporcionará a los delegados de prevención los medios y la formación en materia preventiva, que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos.

3. ¿ Comité de Seguridad y Salud.

   El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la propuesta y consulta regular y periódica de los distintos componentes del sistema de prevención de riesgos (identificación y evaluación de los riesgos, medidas y planes de prevención, planes de emergencia y primeros auxilios, plan de formación, vigilancia de la salud del personal, etc.)

   Se constituirán Comités de Seguridad y Salud en el ámbito del personal al servicio de la Administración de Justicia en cada uno de los territorios de la Comunidad Autónoma Vasca. Estarán compuestos a partes iguales por Organizaciones Sindicales y Administración. La elección de los miembros de la parte sindical se atendrá al principio de proporcionalidad, garantizando la presencia de todos los sindicatos con representatividad en el ámbito de este Acuerdo.

   Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud Intercentros con un criterio de composición igual a los anteriores. Su función será abordar cuestiones de carácter general y que superen el marco de los comités territoriales.

4. ¿ Revisiones Médicas.

   Se procederá a realizar análisis médicos periódicos al personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo de conformidad con lo especificado en los apartados siguientes:

   Reconocimiento previo o de ingreso: Tendrá carácter obligatorio y se efectuará antes de la admisión del trabajador al servicio de la Administración.

   Reconocimiento periódico ordinario anual: Se realizará a aquellos trabajadores que, en base a la existencia de factores de riesgo para su salud en el desempeño de su puesto de trabajo, se estime oportuno realizarlo y con contenidos específicos relativos al riesgo detectado.

   Asimismo se posibilitará un reconocimiento médico a todo trabajador que lo solicite.

   Reconocimiento periódico trianual: Se realizará a todos los trabajadores afectados por el Acuerdo, incidiesen o no en ellos riesgos para su salud.

   Tanto los reconocimientos ordinarios anuales como trianuales tendrán carácter voluntario, sin perjuicio de la aplicación de la normativa legal de carácter general, dando cuenta en este caso, con carácter previo al Comité de Seguridad y Salud.

   En todo caso, se entregaran resultados dando cuenta previamente al personal y al Comité de Seguridad y Salud de las pruebas a realizar.

1. ¿ Como consecuencia de los objetivos señalados a lo largo del Acuerdo tendentes al aumento de la calidad y eficiencia en la Administración de Justicia, a través de una mejor utilización y cualificación de los recursos humanos y materiales, así como de los programas de fomento de la productividad, y, dado el obligado cumplimiento de los mismos por el personal afectado por el ámbito del Acuerdo, lo que determina un cambio en sus condiciones de trabajo, se establece un complemento retributivo de carácter variable destinado a retribuir a los funcionarios de carrera o interinos de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes al servicio de la Administración de Justicia que presten sus servicios en órganos y servicios sitos en la Comunidad autónoma. Dicho complemento se establece en el marco de los programas a que se refiere el artículo 12 del Real Decreto 1909/2000, de 24 de noviembre, por el que se establece la cuantía del complemento de destino de los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.

2. ¿ Por lo que se refiere al colectivo de médicos forenses, sus retribuciones se regirán por lo dispuesto en su Relación de Puestos de Trabajo.

3. ¿ La cuantía del mismo en pesetas año 2000 por cuerpo, localidad y órgano judicial, expresada en puntos, es la que se indica en el anexo III.

   La percepción de dichas cuantías se llevará a cabo:

   Las diferencias con las cuantías fijadas en el anexo, con efectos de primero de enero de 2000.

   Los puntos referidos a las funciones de Coordinación, se percibirán en la fecha de designación para su desempeño.

4. ¿ Dicho complemento abarcará los siguientes objetivos:

1. ¿ Cumplimiento de las obligaciones horarias, y de los mecanismos de control que se establezcan. El indicador de cumplimiento del presente objetivo vendrá dado por los saldos que reflejen los mecanismos de control horario, completado con otros sistemas de control, automatizados, manuales o personales, que puedan establecerse.

2. ¿ Utilización de las herramientas informáticas, conforme a las funciones reseñadas en el catálogo a que se refiere el anexo II del presente Acuerdo. El indicador de cumplimiento del presente objetivo vendrá dado por el contenido de los respectivos informes y los datos que refleje el sistema informático.

3. ¿ Cumplimiento de las funciones reflejadas en el catálogo a que se refiere el anexo II del presente Acuerdo, relacionadas con las relaciones con terceros. El indicador del cumplimiento del presente objetivo vendrá dado por los correspondientes informes, así como por la ausencia de reclamaciones y/o quejas relativas a cada órgano en concreto.

4. ¿ Aprovechamiento de los cursos de euskaldunización y formación, tanto sustantiva, como procesal e informática, y cumplimiento de las medidas que se acuerden para la normalización del uso del euskera. El indicador de aprovechamiento de la formación vendrá dado por la asistencia, y aprovechamiento a los cursos de formación obligatoria, especialmente de aquellos que conlleven liberación de la jornada, y el aprovechamiento de aquellos en que participe voluntariamente, reflejado en el informe-examen del director, tutor del curso o responsable de la formación. La participación de los funcionarios en las experiencias de fomento del euskera o de mejora en la administración, según los informes de los responsables y colaboradores en la experiencia.

5. ¿ Optimización del órgano judicial, mediante:

   1) La reducción del absentismo laboral, apoyado mediante la obligación de aportar certificado médico referido al primer día de baja El indicador de cumplimiento del presente apartado de este objetivo vendrá dado, por la aportación del correspondiente certificado o parte médico en todo caso.

   2) el cumplimiento de plazos procesales, en lo que dependa del funcionario. El indicador de cumplimiento del presente apartado de este objetivo vendrá dado por los informes correspondientes, juntamente con los datos que refleje el sistema informático, y

   3) cumplimiento del catálogo de medidas incluidas en la Carta de Servicios y apoyo y colaboración en el trabajo a los funcionarios del centro de trabajo. El indicador de cumplimiento del presente apartado de este objetivo vendrá dado por los informes correspondientes, juntamente con los datos que refleje el sistema informático.

6. ¿ Cumplimiento de las funciones de coordinador que se reflejan en el catálogo de funciones a que se refiere el anexo II. A los presentes efectos se asimilará a Coordinadores a los Oficiales en funciones de Secretario de Juzgados de Paz, cuando se encuentren al frente de una Secretaría formada por un mínimo de 5 funcionarios de plantilla.

5. ¿ En ningún caso las cuantías asignadas por este complemento, generan ningún derecho individual respecto a valoraciones o apreciaciones correspondientes a periodos sucesivos.

6. ¿ Las retribuciones indicadas en el apartado anterior cuya cuantía está señalada en pesetas año 2000, se actualizarán, previa negociación colectiva, con los incrementos anuales que, con carácter general, puedan establecerse en base a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

7. ¿ Dentro del límite máximo establecido en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, este complemento retribuirá mensualmente, de manera alícuota cada uno de los cinco primeros objetivos, y el sexto relativo al cumplimiento de las funciones de coordinador, mediante la asignación de un determinado número de puntos El incumplimiento de las obligaciones que forman parte de los cinco primeros objetivos a que se refiere el presente Acuerdo, señalados en el apartado 3, y a la vista de los indicadores expresados, conllevará la pérdida de la parte o partes alícuotas correspondientes del complemento en el mes o meses a que se refiere el incumplimiento. El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el objetivo número seis referido a los coordinadores, conllevará la perdida de los puntos correspondientes al mismo en el mes o meses a que se refiera el incumplimiento.

8. ¿ Además de lo previsto en el número anterior, son causas de perdida de la totalidad del complemento en el mes o meses en que concurran los siguientes supuestos:

   La reiteración en la falta de cumplimiento de todos o alguno de los objetivos reflejados en el apartado 3.

   El fraude en el cumplimiento horario o en los mecanismos de fichaje, sin perjuicio del correspondiente descuento en nómina y de la responsabilidad disciplinaria que, en su caso, pudieran concurrir.

   La sanción por falta grave o muy grave, así como la suspensión provisional del funcionario sometido a expediente disciplinario o la iniciación de uno por falta muy grave en el caso de que guarde relación con los objetivos reflejados en el presente Acuerdo, hasta que se produzca la rehabilitación, se alce la suspensión, o no se produzca sanción grave o muy grave.

9. ¿ En todo caso, se respetarán los complementos retributivos que en la actualidad se vienen percibiendo en los destinos de S.C.A.C., y servicios de guardia.

10. ¿ Asimismo, por exceder de la cobertura geográfica del Acuerdo, dejarán de percibir dicho complemento los funcionarios cuando dejen de formar parte de las plantillas de los centros de trabajo de la Comunidad Autónoma.

    Las condiciones del devengo y la documentación acreditativa del derecho al mismo, se encuentran reguladas en el Anexo del presente Acuerdo.

1. ¿ Previsión Social.

   De conformidad con lo establecido en la Addenda del Acuerdo sobre la modernización en la prestación del Servicio Público de la Justicia y su repercusión en las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia del País Vasco, de 30 de julio de 1997, la Administración ha promovido la inclusión en la Mesa General la posibilidad de integración en un sistema de pensiones complementarias para el personal al servicio de la Administración de Justicia, considerando especialmente para su gestión a Elkarkidetza E.P.S.V.

2. ¿ Seguro de accidente, vida y responsabilidad civil.

   La Administración mantendrá las coberturas de la póliza de accidentes, conforme a los siguientes capitales:

   Muerte: 2.846.000.¿PTA.

   Invalidez Permanente

   Absoluta: 2.846.000.¿PTA.

   Invalidez Permanente

   Total: 2.846.000.¿PTA.

   Invalidez Permanente

   Parcial: Hasta 2.846.000 ptas.

   según baremo

   El personal incluido en el ámbito del presente Acuerdo se encuentra cubierto por la póliza de responsabilidad civil suscrita por la Administración de la Comunidad Autónoma en favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sus Organismos Autónomos, sus representantes, empleados y dependientes en el ejercicio de sus funciones o de su actividad profesional. La cobertura de esta póliza está limitada a 1.000 millones de ptas. por los daños causados a terceros, con un sublímite de 100 millones de ptas. cuando los daños producidos sean consecuencia de una responsabilidad profesional de empleados de la Administración.

   La Administración mantiene la póliza de seguro de Vida e Invalidez Permanente Absoluta hasta una cobertura total de 2.846.000 pesetas.

3. ¿ Anticipos y adelantos de nómina.

1. ¿ Anticipos.

   Los funcionarios en activo y dentro de las consignaciones presupuestarias existentes, tendrán derecho a la concesión de anticipos ordinarios sin interés alguno, de hasta el 100% de su salario líquido mensual, siempre y cuando no se prevea la finalización de la relación contractual antes de fin de mes. Dicho anticipo deberá ser compensado en la nómina correspondiente al mes solicitado.

   Asimismo, para aquellas personas a las que se les practique cualquier tipo de retención mensual, la cuantía máxima del anticipo mensual será igual al 100% del salario líquido mensual menos la retención anteriormente señalada.

2. ¿ Adelantos de nómina.

   El personal en activo, incluido en el ámbito de este Acuerdo, tendrá derecho a un adelanto de nómina de conformidad con la normativa que a continuación se expone:

   Se considera adelanto de nómina el que se refiere al abono de cantidades a cargo de retribuciones correspondientes a un trabajo no efectuado.

   El importe máximo a conceder será de 571.900 pesetas. Para ello será necesario que concurra alguna de las circunstancias calificadas como necesidad urgente en el apartado quinto. No obstante, en los supuestos e), f), g), h), i), j), k), previstos en el citado apartado, el importe a conceder vendrá determinado, dentro del límite máximo señalado, por la cuantía que figure en los en los justificantes de gastos que, como documentos acreditativos de la necesidad urgente, deberá adjuntar a su solicitud el peticionario.

   El plazo máximo de reintegro será de veinticuatro mensualidades. Estos adelantos no devengarán interés alguno, y podrán ser reintegrados en plazo inferior al señalado como máximo. No obstante se tendrán en cuenta como retribución en especie a efectos de I.R.P.F. de conformidad con el interés legal del dinero.

   No podrá concederse ningún nuevo adelanto de nómina mientras no se tuvieran liquidados los compromisos de igual índole adquiridos con anterioridad, asimismo, deberá transcurrir un período mínimo de seis meses entre la cancelación de un adelanto de nómina y la solicitud de concesión de otro. No obstante, las causas contempladas en los apartados f) y g) serán incompatibles entre sí y otorgarán derecho a la concesión de un solo adelanto durante un período de diez años. Respecto al supuesto relativo a adquisición de vehículo no cabrá conceder nuevo adelanto por igual motivo hasta tanto transcurran 5 años desde la concesión del anterior.

   Cualquier cambio en la situación administrativa o circunstancia de los beneficiarios de préstamos que motive la baja en nómina por un período superior a 6 meses, requerirá el previo reintegro en su totalidad del adelanto de nómina concedido.

   Necesidades urgentes.¿ Tendrán dicha consideración las derivadas de:

   1. Matrimonio del solicitante.

   2. Divorcio, separación ó nulidad del matrimonio del solicitante.

   3. Fallecimiento del cónyuge ó hijos.

   4. Nacimiento de hijos.

   5. Enfermedad o intervención quirúrgica grave del solicitante.

   6. Adquisición de vivienda habitual. En este supuesto el importe del adelanto podrá ascender hasta 1.000.000 ptas. siendo el plazo máximo de reintegro de 48 mensualidades.

   7. Amortización de créditos bancarios, con ocasión de adquisición de vivienda habitual.

   8. Realización de obras necesarias e imprescindibles para la conservación de la vivienda.

   9. Traslado de domicilio a la localidad donde se encuentre ubicado el centro de trabajo.

   10. Adquisición de mobiliario.

   11. Adquisición de vehículo. En el supuesto de que la adquisición de vehículo sea por motivo de su utilización como herramienta de trabajo, previamente justificado, el importe del préstamo podrá ascender hasta 687.340 ptas. siendo el plazo máximo de reintegro de 36 mensualidades.

   12. Otras circunstancias de análoga naturaleza que merezcan dicha calificación.

       Tramitación.¿ El plazo máximo para la presentación de solicitudes de adelantos de nómina será de dos meses a partir de la fecha del hecho causante. No obstante, en supuestos excepcionales, podrán ser aceptadas solicitudes fechadas durante el mes anterior a la fecha del hecho causante si van acompañadas del compromiso de presentar la acreditación documental correspondiente en el plazo de dos meses contados a partir de la concesión del adelanto de nómina salvo supuestos debidamente justificados. El incumplimiento de dicho compromiso acarrearía la cancelación inmediata del adelanto.

       Las solicitudes de adelantos de nómina deberán dirigirse a la Dirección de Ordenación de Recursos Humanos, la cual a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior deberá hacer constar en las mismas la fecha de recepción.

       4. ¿ Indemnizaciones por jubilación voluntaria.

          El personal tendrá derecho a una indemnización por jubilación voluntaria, compensatoria de la minoración que ello comporta en sus prestaciones pasivas, cuya cuantía se establece conforme a la siguiente escala:

          Edad N.º Mensualidades

          60 años 15 mensualidades

          61 años 12 mensualidades

          62 años 9 mensualidades

          63años 6 mensualidades

          64 años 3 mensualidades

          A los efectos de determinar el número de mensualidades de retribución que, conforme a la presente escala, hubiera de corresponder en cada caso, se tomará la edad del empleado a la fecha en que se produzca su jubilación voluntaria.

          Cada una de las mensualidades, integrantes de la indemnización, será el equivalente a la doceava parte de la retribución bruta anual asignada al interesado en la fecha en que se produzca su jubilación voluntaria.

          La solicitud deberá ser presentada por el interesado tres meses antes de la fecha de jubilación solicitada.

          La indemnización se hará efectiva previa presentación por parte del interesado del Acuerdo de Jubilación, modelo F12R, emitido por la Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia donde se declare la jubilación anticipada del mismo, y su fecha de efectos.

          Con referencia a los puntos 2, 3 y 4 de este Título de "Atenciones Sociales», cabe señalar que, los acuerdos que se tomen en la Mesa General de la Administración General de la Comunidad Autónoma sobre aspectos referidos a los temas contemplados en los puntos anteriormente citados, modificarán en el mismo sentido el contenido de dichos puntos.

       5. ¿ Fondo Social.

          Se constituye un fondo social dotado de 20.000.000,pesetas para el ejercicio 2000. Dicho fondo tendrá por objeto la financiación de otro tipo de atenciones sociales no contempladas anteriormente, y otras causas de naturaleza excepcional.

          La Comisión de Seguimiento del Acuerdo, formada por los representantes de las Centrales Sindicales y Administración, tendrá conocimiento previo y participará en la elaboración y adjudicación de las distintas ayudas, proponiendo al Director de Ordenación de Recursos Humanos su resolución. Asimismo le corresponderá proponer el destino del remanente que, en su caso, resulte de la distribución del fondo.

          Las ayudas a contemplar podrán ser las siguientes:

          Ayuda por Hijos

          Ayuda para Minusválidos

          Ayuda para Estudios de funcionarios

          Ayuda por causas de naturaleza excepcional

          La concesión de las distintas ayudas vendrá determinada tanto por los requisitos, baremo de las solicitudes y quebranto económico, que se establezcan

          El disfrute de las ayudas que se contemplen es incompatible con las que pudieran derivarse de las prestaciones de la Seguridad Social o algún otro sistema público de previsión.

          • Por parte de la Administración, se instará al Ministerio de Justicia y/o a los organismos competentes sobre la integración voluntaria del personal en el Régimen General de la Seguridad Social.

Cualquier modificación de los términos del presente Acuerdo, habrá de llevarse a cabo mediante otro nuevo Acuerdo.

Las partes firmantes del presente Acuerdo se comprometen a defender ante cualquier instancia los términos contenidos en el mismo.

Y para que así conste, y a los efectos oportunos se firma el presente Acuerdo en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.