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La Universidad cuenta con un régimen propio de autoorganización, poder ejercitable para la defensa de sus intereses propios, derivado del reconocimiento que la Constitución en su artículo 27.10 hace de la autonomía de las Universidades.

Elemento sustancial de este régimen es la capacidad de autonormación. En ejercicio de esta capacidad la Universidad se dota de sus Estatutos, normas básicas que regulan por sí mismos aquellas materias y órganos que estructuran los rasgos esenciales de la organización universitaria. Pero junto al Estatuto existen otro tipo de normas, que podemos clasificar en:

1. – Normas de funcionamiento interno, constituyen los reglamentos organizativos y de procedimiento y,

2. – Reglamentos dictados por remisión de la LRU u otras normas, que no tienen el contenido propio de los reglamentos organizativos o procedimentales, sino que establecen una regulación material sustantiva por remisión de la ley o los Estatutos.

   Pero, no sólo la Universidad tiene capacidad de regular cual es el régimen aplicable. Su ordenamiento jurídico particular está fijado en el artículo 6 de la Ley 11/1983 , de 25 de agosto, de Reforma Universitaria : «las Universidades se regirán por la presente Ley , por las normas que dicten el Estado y las Comunidades Autónomas y por sus Estatutos».

   En ejercicio de esta competencia atribuida , con fecha 16 de julio de 1998 se publicó en el BOPV la Ley 19/1998, de 29 de junio, de Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta Ley establece en su Disposición Final Tercera la obligación de la Universidad de dar publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco a las disposiciones de carácter general, en el plazo máximo de tres meses desde su publicación, pasado el cual carecerán de eficacia hasta su publicación.

   Si bien el principio de publicidad de las normas que consagra el artículo 9.3 de la Constitución no admite excepciones, lógico si se pretende dotar de un mínimo de seguridad jurídica a las regulaciones públicas, la publicidad de las normas no significa otra cosa que hacerlas públicas, es decir que no sean normas secretas o desconocidas. Lo importante, pues no es la publicación en el BOE o en el BOPV, sino buscar mecanismos que aseguren la publicidad idónea según quienes sean los destinatarios de la norma, mecanismos que han funcionado eficazmente dentro de nuestra comunidad universitaria. En este sentido lo ha entendido también el Tribunal Constitucional al admitir que determinadas normas , cuyo incumplimiento puede ser sancionado , no se publiquen en los periódicos oficiales. No obstante, en algunos casos sí puede resultar oportuna su publicación en el BOPV, sin que ello minusvalore los cauces utilizados habitualmente por las Universidades.

   Por todo lo anterior, en cumplimiento de la Disposición Final Tercera de la Ley 19/1998, de Ordenación Universitaria